El interés público de la profesión de dietista-nutricionista concurre en circunstancias de probada evidencia científica sobre la efectividad clínica y seguridad de su actuación. Así como su contribución – ampliamente documentada – eficaz y eficiente en la prevención, el tratamiento y/o la curación de las enfermedades no transmisibles.

En la mayoría de estudios se concluye que las intervenciones dietético-nutricionales son coste-efectivas y que mejoran la eficiencia de los sistemas sanitarios, siendo una ventaja desde el punto de vista económico y para la salud. Por ejemplo se ha estudiado que los dietistas-nutricionistas que ejercen en atención primaria pueden ahorrar al sistema de salud de 5,8 a 105€ por cada 1€ invertido en la intervención. En medio hospitalario se ha visto que la intervención del dietista-nutricionista reduce la estancia hospitalaria (una inversión de 76€ genera 1 día menos de ingreso), reduce el reingreso, evita nutriciones parenterales, reduce infecciones relacionadas con catéter. En pérdida de peso el coste de un dietista-nutricionista equivale a 6-8€ por kg adelgazado (más económico y efectivo que muchos productos). 

El Estudio de la Carga Global de las Enfermedades 2016 habla en España de un 92,8% de muertes atribuibles a las ENT (enfermedades no transmisibles) entre las cuales cabe destacar las cardiovasculares isquémicas, accidente cerebrovascular, cáncer, enfermedad renal crónica y diabetes. Destacando como principales factores de riesgo el tabaco, la presión arterial alta, el índice de masa corporal alto, el alcohol y la glucemia alta en ayunas. 
 
La realidad es que la profesión de dietista-nutricionista a pesar de que ser profesión sanitaria regulada –Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias– y  titulada –Orden CIN/730/2009 de 18 de marzo– está disponible, en la mayoría de ocasiones, sólo en consulta privada. Sin embargo, son precisamente los grupos con menos ingresos los más proclives a tener unos hábitos alimentarios inadecuados y a desarrollar patologías crónicas. 
 
Ante esta situación, los beneficios que obtendría la ciudadanía por la incorporación de dietistas-nutricionistas en el Sistema Nacional de Salud serían, entre otros:  

• Mejorar la atención sanitaria integral de todas las personas. 
• Asegurar a toda la población española el acceso gratuito a las prestaciones sanitarias relacionadas con la nutrición, la dietética y la dietoterapia, en condiciones de igualdad efectiva. 
• Contribuir de forma eficaz y eficiente a la prevención, tratamiento y curación de las enfermedades no transmisibles. 
• Reducir el grado y riesgo de malnutrición en grupos vulnerables como infancia, juventud, mayores, dependientes, enfermos o personas en riesgo de exclusión social. 
• Reducir el gasto sanitario a través de la incorporación de dietistas-nutricionistas en equipos multidisciplinarios de actuación sanitaria, especialmente desde Sanidad Pública, Atención Primaria, Especializada y Sociosanitaria. 
• Proteger a la población para evitar su acceso a profesionales sin la capacitación profesional adecuada en materia de nutrición humana, dietética y dietoterapia, y a “terapias” fraudulentas y potencialmente peligrosas para su salud.  

La figura del dietista-nutricionista ha sido incorporada al sistema de atención sanitaria en la mayoría de países de Europa, América, Asia y Oceanía, y en el nuestro debería darse el impulso político-administrativo definitivo para ponernos al mismo nivel.

La ausencia de dietistas-nutricionistas en el Sistema Público de Salud, junto con la necesidad de resolver situaciones irregulares en la prestación de servicios propios de un dietista-nutricionista, precisa de una rápida y necesaria intervención de las autoridades sanitarias -estatales y autonómicas- para: 

• Garantizar las condiciones de igualdad efectiva contempladas para la ciudadanía en la Ley General de Sanidad de 1986 y se cumpla la ResAP (2003) sobre Alimentación y Atención Nutricional en Hospitales. 
• Evitar realidades laborales injustas que provocan que multitud de dietistas-nutricionistas lleven años dentro del Sistema Nacional de Salud en condiciones laborales precarias y no regladas.  
• Resolver la carencia de dietistas-nutricionistas en el SNS que tiene España respecto del resto de los países de la Unión Europea. Que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social sea impulsor de la convocatoria y creación de plazas públicas, a través del Consejo Interterritorial de Salud. 
• Crear la categoría profesional de dietista-nutricionista en aquellas CCAA donde aún no se ha creado, para consolidar y regularizar la situación de los Graduados/Diplomados en Nutrición Humana y Dietética. 
• Garantizar las prestaciones sanitarias de la población española en base a los siguientes criterios de incorporación: 
  • Un dietista-nutricionista por cada 100 camas de hospital en Atención Especializada. 
  • Un dietista-nutricionista por cada 50.000 tarjetas sanitarias en Atención Primaria. 
  • Un dietista-nutricionista por cada 500.000 habitantes en Salud Pública. 
• Modernizar el Sistema Nacional de Salud a través de la incorporación de nuevas profesiones sanitarias previstas en Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias -LOPS- así como la propuesta sobre las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud hecha por el Senado -Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo- de 18 de junio de 2010.